Francia dejó sin efecto una propuesta de impuesto de €0,055 por cada gigabyte enviado por proveedores de contenido a usuarios del país, apenas cinco días después de su aprobación inicial. La medida cayó cuando la Asamblea Nacional rechazó por 458 votos contra cero la sección de ingresos del presupuesto de 2027; por ahora, plataformas como Google, Meta, Amazon y Netflix no deberán pagar ese cargo y no se prevén cambios en las facturas de internet o telefonía móvil.
Cómo funcionaba el impuesto por gigabyte
La iniciativa fue presentada mediante una enmienda del diputado socialista Laurent Lhardit. Planteaba que los proveedores de acceso a internet y otras empresas que venden conectividad contabilizaran el tráfico de datos recibido por sus clientes y atribuyeran cada gigabyte a la compañía que lo había enviado. La propuesta contemplaba la supervisión del regulador de telecomunicaciones Arcep y de la administración tributaria francesa.
El mecanismo no exigía registrar el contenido transmitido ni el destino de los datos. En cambio, las empresas emisoras se identificarían mediante su nombre y su número de registro ante la Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Sus impulsores afirmaron que el gravamen podría recaudar cerca de €10.000 millones al año, una estimación que el Gobierno cuestionó junto con la viabilidad de medir y asignar el tráfico de manera justa.
La enmienda se aprobó el 30 de octubre en una sesión con una participación reducida: de los 577 integrantes de la Asamblea, solo 35 votaron o se abstuvieron. El resultado fue de 11 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones. Tanto el Gobierno como el relator general de la comisión de finanzas, Philippe Juvin, se habían opuesto a la propuesta.
El rechazo del presupuesto borró la enmienda
La votación posterior no fue una revocación individual del impuesto. La Asamblea rechazó en bloque la parte de ingresos del presupuesto de 2027, y con ella quedaron descartadas todas las enmiendas aprobadas durante las semanas de debate. Por eso, el texto que pasó al Senado fue la propuesta original del Gobierno, que no incluía el cobro por gigabyte.
Según la cobertura de TechRadar, el impuesto generó críticas tanto entre empresas tecnológicas como entre operadores. VideoLAN, la organización sin fines de lucro detrás del reproductor VLC, advirtió que el cargo podría costarle más de un millón de euros al año. El fundador de OVHcloud, Octave Klaba, estimó una exposición de entre €23 millones y €70 millones anuales para su compañía, aunque sus cálculos dependían del volumen de tráfico considerado.
La Federación Francesa de Telecomunicaciones, que representa a Orange, Bouygues Telecom y SFR, ha expresado reservas sobre la carga técnica y administrativa de contabilizar los datos. También ha señalado que la recaudación iría al Tesoro y no necesariamente a financiar las redes, y ha preferido las negociaciones comerciales entre operadoras y plataformas.
La discusión sobre quién paga las redes sigue abierta
La propuesta buscaba que grandes proveedores de contenido contribuyeran a los costes de las infraestructuras que transportan su tráfico. Este debate, conocido en Europa como la discusión sobre el “fair share”, enfrenta a operadores de telecomunicaciones y plataformas digitales. Sin embargo, la Comisión Europea ha planteado un mecanismo de cooperación voluntaria en su propuesta de Ley de Redes Digitales, no una tarifa obligatoria por cada gigabyte.
El impuesto todavía podría volver al debate si un senador presenta una nueva enmienda y obtiene respaldo en la Cámara Alta. No obstante, su aprobación se considera incierta. Además, los posibles cargos a empresas tecnológicas estadounidenses pueden aumentar las tensiones comerciales: el Gobierno de Estados Unidos ha amenazado con aranceles contra países que impongan impuestos digitales a sus compañías.
Para los usuarios, el efecto inmediato es claro: la propuesta no entró en vigor y no modifica el precio de los planes móviles ni de las conexiones domésticas. La discusión política, en cambio, continúa y podría reaparecer en otra forma mientras los gobiernos buscan definir cómo se financia la expansión de las redes y quién debe asumir esos costes.
En resumen
- La propuesta francesa planteaba cobrar €0,055 por gigabyte a proveedores de contenido.
- Sus impulsores estimaron una recaudación anual de hasta €10.000 millones; el Gobierno cuestionó esa cifra y la medición del tráfico.
- La Asamblea Nacional rechazó por 458 votos a cero la sección de ingresos del presupuesto de 2027.
- El rechazo eliminó la enmienda antes de que el texto llegara al Senado.
- El impuesto no cambia por ahora las facturas de internet ni de telefonía móvil.
